Lo que durante este tiempo veníamos señalado públicamente, hoy quedó confirmado.

27 de mayo | 2026

Edil Javier Sosa - Lista 904 Maldonado.

Después de meses de espera y de insistir, logramos concretar la visita a la Unidad Penitenciaria Regional Las Rosas, en el día de hoy concurrimos con la Comisión de DDHH y Seguridad Ciudadana.

Y lo que allí se vive deja una sensación difícil de explicar. No por un hecho puntual, sino por la dimensión del deterioro, el nivel de saturación.

Y si bien es justo reconocer la disposición del personal, el compromiso humano y la voluntad con la que muchos funcionarios intentan sostener el funcionamiento diario de la institución, también es imposible ignorar una realidad profundamente alarmante.

La cárcel de Las Rosas, hoy convertida en una unidad regional, es actualmente una de las cárceles con mayor concentración de población penitenciaria del país. Permanentemente llegan personas privadas de libertad procesadas en otros departamentos, llevando al sistema a un nivel de saturación claramente desbordado.

Estamos hablando de una cárcel diseñada originalmente para unas 600 personas y que hoy alberga cerca de 1.300 personas privadas de libertad.

Frente a esa realidad, resulta evidente que los recursos humanos no alcanzan.

Actualmente hay aproximadamente 134 funcionarios entre operadores penitenciarios, personal de seguridad y administrativos, de los cuales cerca de 30 se encuentran con certificación médica. Incluso el propio Ministerio del Interior, a través del denominado “Libro Blanco”, establece como referencia una relación de un custodio cada cuatro personas privadas de libertad. Hoy estamos muy lejos de esos números.

Y las consecuencias son visibles.

Existen calabozos diseñados para tres personas donde hoy conviven en el entorno de diez internos en espacios mínimos, reducidos y sin condiciones adecuadas.

Muchas veces ni siquiera pueden acceder al tiempo de patio, porque la falta de personal obliga a mantener sectores cerrados durante gran parte del día.

Y esa misma carencia de funcionarios hace prácticamente imposible garantizar traslados hacia talleres de oficio, áreas educativas o controles médicos.

También pudimos conocer esfuerzos importantes vinculados al trabajo y la educación dentro de la unidad, algo que naturalmente debe ser reconocido.

Sin embargo, también quedaron planteadas dificultades concretas vinculadas al acceso a herramientas fundamentales para cualquier proceso serio de rehabilitación, formación y reinserción social.

A esto se suma una situación sanitaria extremadamente limitada. Hay asistencia psicológica apenas una vez por semana, haciendo muy difícil cualquier tipo de seguimiento serio para personas con consumos problemáticos o problemas de salud mental.

Y ahí es donde surge la pregunta más profunda.

¿De qué rehabilitación hablamos?

Porque cuando no existen condiciones humanas mínimas, cuando no hay contención, tratamiento, seguimiento ni herramientas reales de reinserción, el sistema deja de rehabilitar y pasa simplemente a contener personas.

Incluso la propia información manejada dentro de la unidad reconoce niveles de reincidencia extremadamente altos, 7 de cada 10 regresan a la cárcel.

Y mientras recientemente el Gobierno Nacional anunció nuevos planes vinculados a la reinserción de personas liberadas, la realidad concreta de Las Rosas deja en evidencia que el problema principal sigue estando dentro de las cárceles.

Porque antes de pensar en programas posteriores al egreso, el sistema necesita fortalecer verdaderamente los procesos de rehabilitación dentro de los establecimientos penitenciarios.

Hoy faltan recursos humanos, atención en salud mental, tratamiento para consumos problemáticos, acceso real a educación y talleres de formación laboral.

Sin esas herramientas básicas, resulta muy difícil hablar seriamente de reinserción.

Y es imposible salir de allí sin una profunda sensación de desolación.

Desolación por las condiciones en las que viven muchas personas privadas de libertad.

Desolación por la situación humana y laboral del personal que diariamente intenta sostener un sistema completamente exigido.

Y devastador resulta comprobar cómo las propias limitaciones estructurales terminan atentando contra cualquier posibilidad real de rehabilitación.

La realidad que hoy existe dentro de Las Rosas es consecuencia de años de desidia, falta de planificación y ausencia de respuestas reales.

Y mientras no exista una respuesta seria, integral y urgente, las consecuencias seguirán impactando no solo dentro de la cárcel, sino también directamente sobre Maldonado, un departamento que desde hace años viene absorbiendo las consecuencias sociales, humanas y estructurales que genera el funcionamiento de una cárcel regional completamente desbordada.