Sosa: proyecto Casupá tiene alto riesgo ambiental

5 de septiembre | 2026

Javier Sosa cuestionó la decisión de abandonar el proyecto Arazatí y reclamó al gobierno mayor claridad sobre las consecuencias de construir la represa de Casupá.

El edil Javier Sosa, integrante de la Lista 904, manifestó su profunda preocupación por el rumbo que han tomado las decisiones gubernamentales en torno a las obras de infraestructura hídrica del país. Durante una reciente intervención pública, el dirigente cuestionó con firmeza la determinación del actual gobierno de descartar iniciativas que ya contaban con un largo trayecto de análisis para, en su lugar, impulsar opciones que generan severas dudas a nivel internacional.

El eje central de su exposición se enfocó en el abandono del proyecto Arazatí en beneficio de la represa de Casupá. Sobre este punto, el representante político subrayó que la alternativa elegida por la administración actual está siendo observada de cerca por las propias entidades que aportarán los fondos para su ejecución, lo que enciende alertas institucionales que no pueden pasar desapercibidas.

El edil Sosa fue categórico al señalar que "el gobierno decidió dejar de lado un proyecto que ya había recorrido un extenso proceso técnico y ambiental para avanzar con otra alternativa que hoy es calificada por su propio organismo financiador como de alto riesgo social y ambiental".

Para poner en contexto la magnitud de la decisión, el integrante de la Lista 904 recordó el estado en el que se encontraba la planificación hídrica previamente. Según explicó, el gobierno anterior había dejado encaminado el proyecto Arazatí, una obra de envergadura destinada a asegurar el abastecimiento de agua. Si bien el representante reconoció que esa propuesta tuvo sus cuestionamientos, fue claro al indicar que los riesgos nunca debieron ni deben desconocerse en ninguna obra de este tipo.

No obstante, destacó que esa iniciativa ya había sido estudiada en profundidad, había sido sometida a los procesos de evaluación ambiental correspondientes, contó con instancias de participación pública y, fundamentalmente, logró obtener la autorización necesaria para su desarrollo formal. Frente a ese escenario de avance, el edil lamentó que la actual administración tomara la determinación de cambiar el rumbo trazado y apostar por la represa de Casupá, una iniciativa que despierta interrogantes debido a su impacto directo sobre el territorio.

En ese sentido, Sosa advirtió sobre las condiciones impuestas por las entidades crediticias. Explicó que el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, el organismo internacional encargado de financiar la obra, activó una serie de exigencias estrictas vinculadas directamente a los inminentes impactos sociales y ambientales que la construcción del embalse traería aparejados.

El dirigente enfatizó que las consecuencias territoriales son de enorme gravedad. "Y no se trata de una cuestión menor", afirmó. Durante su alocución, detalló que el proyecto de Casupá supone la conformación de un embalse que superará las 2.000 hectáreas de extensión, lo que transformará drásticamente la geografía y la dinámica de la zona afectada.

Esta modificación del paisaje implicará una serie de daños colaterales. Según enumeró el edil de la Lista 904, la obra requerirá múltiples expropiaciones, provocará la afectación directa de diversos establecimientos productivos que hoy funcionan en el lugar y forzará el desplazamiento de población local. A esto se suma la necesidad imperiosa de implementar medidas específicas para intentar mitigar los profundos impactos que la represa generará sobre el ambiente y la biodiversidad autóctona de la región.

Ante este panorama, el representante exigió mayor transparencia y respuestas claras por parte de las autoridades. Sostuvo que "cuando un gobierno decide abandonar un camino ya estudiado para elegir otro, también debe explicar con claridad qué se gana, qué se pierde y cuáles serán sus consecuencias".

En el tramo final de su intervención, el edil reclamó madurez institucional en el manejo de los recursos. Expresó que "el agua no debería ser terreno para improvisaciones ni para empezar nuevamente cada vez que cambia un gobierno", dejando en claro su postura contraria a los giros drásticos en temas de primera necesidad.

Para Sosa, el abastecimiento hídrico requiere de políticas de Estado, una planificación rigurosa y decisiones que estén respaldadas por la evidencia técnica. A modo de conclusión, el dirigente dejó un mensaje contundente sobre la forma en la que se debe ejercer el poder: "Porque gobernar no es solamente cambiar lo que hizo el anterior. También es hacerse responsable del camino que se elige".