Sosa exige no politizar la salud policial

31 de agosto | 2026

Ante los dichos de la subsecretaria del Ministerio del Interior, el edil Javier Sosa reclamó tratar la salud de los policías como un problema estructural y no partidario.

El edil Javier Sosa emitió una contundente declaración en la que abordó la delicada situación de salud mental que atraviesan los efectivos de las fuerzas de seguridad en Uruguay. La intervención del representante de la Lista 904 surgió como una respuesta institucional a los recientes comentarios de la subsecretaria del Ministerio del Interior, Gabriela Valverde, quien vinculó los problemas de estrés y suicidios en las filas policiales con la emblemática frase de gestión "orden de no aflojar", pronunciada en su momento por el fallecido exministro Jorge Larrañaga.

Desde una perspectiva analítica y respaldada por cifras oficiales, Sosa dejó en claro que la problemática requiere un abordaje serio y profundo. Al respecto, el edil fue tajante en su posicionamiento inicial al afirmar que “con la salud de nuestros policías no se debería hacer política”. Según expresó, las declaraciones de la jerarca gubernamental merecen una mirada a la realidad y una respuesta que trascienda el mero debate partidario.

Para el representante departamental, detrás de cada estadística hay personas que durante años han enfrentado situaciones traumáticas, violencia constante, exigencias horarias y una presión psicológica que no culmina al finalizar el turno. En ese sentido, Sosa contextualizó históricamente el problema, recordando que la Policía uruguaya ha atravesado transformaciones estructurales, organizativas y operativas a lo largo de más de dos décadas. Este proceso se ha dado en paralelo a un cambio en la dinámica social y a un recrudecimiento del delito que recae directamente sobre quienes tienen la responsabilidad de combatirlo.

Con el objetivo de ilustrar esta evolución de la criminalidad sin caer en acusaciones a gestiones pasadas, el edil presentó datos concretos sobre el incremento de la violencia. Recordó que en el año 2011, Uruguay registró 199 homicidios, mientras que en 2019 esa cifra ascendió a 393. De acuerdo con lo señalado en su exposición, esto evidencia que durante esos años la función policial debió adaptarse a una realidad progresivamente más compleja.

El desgaste, las lesiones y el incremento de licencias prolongadas son, según Sosa, inconvenientes acumulados a lo largo de los años. Al focalizarse en el departamento de Maldonado, el edil aportó cifras preocupantes sobre la disminución del personal operativo. Detalló que en 2010 la Jefatura departamental contaba con 1.250 efectivos, mientras que en 2026 el número ronda los 1.100. A esto se suma que aproximadamente el 9 % del personal se encuentra actualmente en situaciones especiales que les impiden cumplir funciones operativas.

Lejos de ser un caso aislado, el problema se repite a escala nacional. En su argumentación, Sosa citó informes del propio Ministerio del Interior de septiembre de 2025, los cuales revelaron que más de 2.000 policías en todo el territorio uruguayo estaban fuera de servicio por incapacidades parciales, sumarios o situaciones de salud incompatibles con su tarea.

La dimensión más alarmante de esta realidad estructural se refleja en las estadísticas de salud mental. El edil expuso que en 2024 se registraron 16 suicidios de funcionarios policiales en actividad, y otros 14 en el año 2025. Durante ese último año, el Departamento de Salud Mental de Sanidad Policial contabilizó 58.267 consultas, mientras que la Unidad de Estrés sumó 7.537 atenciones adicionales.

Ante esta magnitud de datos, Sosa calificó de "demasiado simplista" el intento de las autoridades actuales de explicar la crisis a partir de una frase pronunciada en un contexto de gobierno anterior. En su firme defensa de los efectivos, sostuvo que “el sufrimiento de nuestros policías no debería utilizarse para construir un relato político”.

Finalmente, el dirigente de la Lista 904 hizo un llamado a la responsabilidad institucional. Aseguró que, si bien es válido debatir sobre modelos de seguridad pública y reconocer tanto errores como aciertos de las distintas administraciones, cuando un policía llega a una situación límite se está afectando directamente a una persona y a una familia. La Policía, concluyó, necesita recursos, condiciones de trabajo adecuadas y políticas preventivas permanentes, recordando que “es una responsabilidad del Estado con quienes todos los días tienen la obligación de cuidar a los demás”.