Miriam Dinardi reclamó firmeza frente a bloqueos sindicales

14 de agosto | 2026

La representante departamental cuestionó el accionar del PIT-CNT y subrayó que la Ley de Urgente Consideración protege a quienes desean trabajar durante los conflictos gremiales.

La edil Miriam Dinardi reafirmó su compromiso con la defensa de las libertades individuales y el derecho al trabajo, en medio de la preocupación por las consecuencias de los bloqueos sindicales en el sector productivo. En una firme intervención, la dirigente de la Lista 904 cuestionó la paralización de actividades impulsada por cúpulas gremiales y exigió que se ejerza la autoridad necesaria para garantizar el cumplimiento de la ley, protegiendo tanto a los trabajadores que desean cumplir con sus tareas como a los empresarios que apuestan por el país.

El debate sobre los límites de las medidas sindicales y el respeto a los derechos constitucionales volvió a instalarse tras diversas acciones que han impedido el normal funcionamiento de las empresas. Ante esta situación, Dinardi fue categórica al señalar la necesidad de un orden institucional claro. Según expresó durante su intervención, “no se puede ejercer bien el poder si antes no se tiene autoridad. ¿Dónde termina esto? ¿Quién manda? ¿El gobierno o el PIT-CNT? Lamentable”.

Para la representante departamental, la pasividad frente a las ocupaciones y los piquetes no tiene justificación legal en la actualidad. Dinardi subrayó que el Estado cuenta con las herramientas jurídicas necesarias para actuar y proteger a los ciudadanos, haciendo especial énfasis en la Ley de Urgente Consideración (LUC). “¿No podían o no querían? Sí podían, claro que podían, porque está la LUC y el derecho al poder trabajar”, afirmó con contundencia.

Las declaraciones de la edil apuntan a una realidad que impacta directamente en la economía local y nacional. Los bloqueos y paros no solo paralizan la producción, sino que generan un efecto dominó que termina perjudicando al eslabón más débil de la cadena: el trabajador. En este sentido, la dirigente advirtió sobre el incremento de personas enviadas al seguro de paro como consecuencia directa de estas medidas extremas.

En su exposición, afirmó que estas situaciones generan un daño profundo y prolongado en el clima de negocios. “¿Cuántos trabajadores al seguro de paro por estas situaciones? Se perjudica el trabajador, el empresario, y cada vez que algún empresario quiera venir a Uruguay... lo pensaría”, sostuvo.

Desde la Lista 904 se recuerda que, en Uruguay, el derecho a trabajar durante un paro gremial está protegido por la Constitución y garantizado mediante la Ley N° 16011 de Acción de Amparo, además de la normativa vigente sobre libertad sindical. Todo trabajador tiene el derecho individual a no sumarse a un paro, principio conocido como libertad sindical negativa.

La legislación actual, y específicamente el artículo 392 de la Ley de Urgente Consideración, protege de forma explícita el derecho de los no huelguistas a acceder a su lugar de trabajo, así como el derecho de la dirección de la empresa a ingresar a las instalaciones. En este marco jurídico, los piquetes o las ocupaciones que impiden la libre circulación se consideran restricciones ilegítimas a los derechos fundamentales de trabajar y producir.

Frente a la vulneración de estos derechos, las herramientas legales permiten respuestas rápidas. Si un piquete u ocupación gremial impide el ingreso a una empresa, tanto el trabajador afectado como el empleador pueden interponer una Acción de Amparo ante los Juzgados Letrados en lo Civil, un proceso breve diseñado para restituir de inmediato el derecho al libre acceso. Asimismo, se puede radicar la denuncia ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) para buscar una solución mediante la intimación al libre tránsito.

La intervención de Miriam Dinardi refleja la postura de la Lista 904 en defensa del orden, el respeto a la ley y la protección del trabajo como motor de desarrollo, dejando claro que el ejercicio de los derechos sindicales nunca puede estar por encima del derecho constitucional a trabajar.