15 de mayo | 2026
El edil por la lista 904, Javier Sosa, se pronunció firmemente sobre la carga económica que asume el departamento de Maldonado en materia de seguridad pública. Durante una reciente entrevista, el representante departamental planteó la imperiosa necesidad de que el Ministerio del Interior y el Gobierno Nacional asuman de manera definitiva los costos operativos e infraestructurales que, hasta el momento, han recaído casi con exclusividad sobre los contribuyentes locales.
A lo largo de los últimos años, el departamento de Maldonado ha llevado adelante una inversión histórica de millones de dólares enfocada en videovigilancia, tecnología aplicada a la prevención, centros de monitoreo e infraestructura general de seguridad. Estas acciones, impulsadas con un fuerte compromiso de gestión, permitieron construir una de las redes preventivas más importantes y eficientes de todo el país, dotando al territorio de herramientas que hoy resultan fundamentales para el combate directo al delito. Sin embargo, el edil subrayó que este importante avance departamental se logró con los recursos aportados por los propios vecinos.
En ese sentido, Sosa fue contundente respecto a la jurisdicción constitucional de estas obligaciones y el impacto en las finanzas locales. “Los maldonadenses no podemos seguir pagando lo que le corresponde al Gobierno Nacional”, afirmó. Durante su exposición, el dirigente de la lista 904 explicó que la seguridad pública es una competencia directa e irrenunciable del Estado, por lo que resulta insostenible que el gobierno departamental continúe destinando fondos propios para cubrir funciones que exceden su órbita.
El representante legislativo advirtió además sobre las demoras en la asunción de estas responsabilidades por parte de las autoridades competentes. Según detalló, mientras la administración local invierte, sostiene el sistema y brinda soluciones concretas para proteger a la ciudadanía, el Ejecutivo central a menudo presenta retrasos en su capacidad de respuesta institucional. La transferencia de mando y el mantenimiento económico de estas herramientas tecnológicas por parte del Ministerio del Interior es una acción que, desde la perspectiva del edil, debió haberse concretado con mucha anterioridad. Pese a esto, Maldonado tuvo que seguir empujando y financiando el sistema para garantizar la tranquilidad de sus habitantes.
Para la lista 904, este reclamo no responde a una simple disputa política, sino a un problema profundo de gestión de recursos que afecta el desarrollo integral de la comunidad. En la entrevista, el edil sostuvo que “cada peso que Maldonado destina a cubrir responsabilidades nacionales es un peso menos para obras, servicios, infraestructura, espacios públicos y calidad de vida para nuestros vecinos”. De este modo, remarcó que defender a Maldonado implica exigir reciprocidad y cuidar el esfuerzo de quienes trabajan, producen y pagan sus impuestos en el departamento.
La postura institucional expuesta por Sosa destaca la constante buena voluntad de la administración de Maldonado para cooperar en temas de extrema sensibilidad social, pero marca un límite claro hacia el futuro. El edil concluyó asegurando que la Intendencia tiene la total disposición de colaborar, apoyar e impulsar soluciones conjuntas en beneficio de la gente, pero advirtió que “no puede ni debe sustituir eternamente al Estado”. El objetivo central de esta intervención es lograr que las carteras nacionales actúen con justicia territorial y cumplan con el rol que les corresponde.