Javier Sosa exige cumplir la Constitución en seguridad

11 de junio | 2026

Durante su intervención, Javier Sosa subrayó que la seguridad pública no puede ser una promesa electoral, sino un deber constitucional clave para garantizar la tranquilidad ciudadana.

El edil de la lista 904, Javier Sosa, realizó una firme intervención sobre uno de los temas más sensibles y urgentes para la ciudadanía: la seguridad pública y el funcionamiento del sistema penitenciario en Uruguay. Durante su exposición, el representante departamental instó a cambiar el eje del debate político, estableciendo a la Constitución de la República como el verdadero punto de partida para abordar las políticas de rehabilitación y la protección de los derechos individuales.

En un contexto donde la seguridad suele ser objeto de disputas recurrentes, Sosa fue categórico al afirmar que garantizar la tranquilidad ciudadana trasciende las buenas intenciones. “La seguridad de los ciudadanos no puede ser una aspiración ni una promesa de campaña. Es una responsabilidad constitucional del Estado y, especialmente, de quienes tienen la obligación de gobernar”, expresó el dirigente, marcando una postura institucional clara y exigiendo un compromiso estatal a la altura de las circunstancias.

Para fundamentar su visión, el edil realizó un preciso análisis de los pilares normativos del país. En primer lugar, mencionó el artículo 7 de la carta magna, que reconoce y protege derechos fundamentales como la libertad, la seguridad y la propiedad de todos los habitantes. Asimismo, subrayó el mandato del artículo 168, el cual asigna directamente al Presidente de la República y a sus ministros la responsabilidad ineludible en la conservación del orden y la seguridad pública.

El foco de la intervención también estuvo puesto en el rol de los centros de reclusión y el concepto de reinserción social, un área que Sosa considera vital para reducir la criminalidad a largo plazo. Apoyándose en el artículo 26 de la Constitución, recordó que el Estado debe garantizar que los recintos penitenciarios no sirvan para mortificar a los internos, sino para procurar su reeducación, fomentar su aptitud para el trabajo y lograr la prevención del delito.

En ese sentido, el representante de la lista 904 cuestionó la forma en que tradicionalmente se aborda la inserción de los liberados. “Cuando hablamos de rehabilitación, la pregunta no es si estamos a favor o en contra. La verdadera pregunta es si estamos cumpliendo con lo que la propia Constitución nos manda hacer”, reflexionó el jerarca departamental. Además, aportó una mirada práctica para el sistema penitenciario al señalar que “la rehabilitación no puede comenzar cuando una persona recupera la libertad. Debe comenzar desde el primer día de reclusión”.

El edil fue concluyente en su propuesta de abandonar la visión puramente punitiva o de corto plazo que rige en algunos sectores. A su juicio, las instituciones deben superar la simple reacción frente al hecho delictivo ya consumado y trabajar en las causas y en el control del recluso. “Si queremos menos víctimas, menos reincidencia y una sociedad más segura, debemos dejar de mirar la seguridad únicamente desde la reacción ante el delito y comenzar a verla como una política integral que proteja a los ciudadanos, responsabilice a quienes delinquen”, enfatizó.

Como reflexión final, Javier Sosa reafirmó los valores de su espacio político, recordando que la carta magna es la principal herramienta jurídica de la ciudadanía frente a la inseguridad. Según sus palabras, la normativa máxima es la que asegura los derechos y fija las responsabilidades de las autoridades para preservarlos. “La Constitución nos pertenece a todos. Y es allí donde deberíamos comenzar cada discusión sobre el futuro del Uruguay”, concluyó.