Javier Sosa analizó el conflicto con Cardama y defendió la transparencia sin generar daños al Estado uruguayo.

2 de septiembre | 2026

El edil Javier Sosa expresó su preocupación por los casi 29 millones de euros desembolsados y el impacto político de las graves acusaciones del actual gobierno.

El edil de la lista 904, Javier Sosa, se pronunció con firmeza sobre la situación generada a raíz de la rescisión del contrato con el astillero Cardama para la adquisición de dos patrulleras oceánicas, advirtiendo sobre las graves consecuencias económicas e institucionales que este diferendo podría traer para el país. En una profunda reflexión política, el dirigente subrayó la necesidad de investigar a fondo cualquier presunta irregularidad, pero alertó sobre el riesgo de que el actual gobierno utilice este episodio como una herramienta para desgastar a la anterior administración de cara al próximo ciclo electoral.

El escenario actual sitúa a Uruguay frente a un complejo arbitraje internacional con sede en la ciudad de París. Según detalló el representante departamental de la lista 904, el Estado uruguayo ya realizó un desembolso de 28.794.500 euros por unas embarcaciones que nunca llegaron a puerto nacional. Tras la decisión de rescindir el contrato, la empresa Cardama inició un reclamo legal argumentando que la medida fue contraria a derecho. En su demanda, el astillero exige el cobro de pagos pendientes, una compensación por daños y perjuicios tanto económicos como de imagen, además de solicitar que el Estado asuma todos los costos del proceso.

Ante este complejo panorama, Sosa dejó clara su postura respecto a la búsqueda de la verdad, pero cuestionó severamente las decisiones recientes. Durante su exposición, señaló que si existieron irregularidades o delitos, se deben determinar las responsabilidades correspondientes. Sin embargo, el edil agregó de forma contundente que “defender la transparencia también exige analizar cómo actuó el actual Gobierno, qué decisiones tomó y cuánto pueden terminar costándole al país”.

La controversia no se limita únicamente al terreno legal y financiero. El edil puso el foco en las recientes declaraciones del gobierno, desde donde se lanzaron acusaciones de enorme gravedad vinculadas a presuntos fraudes y estafas, anunciando la decisión de avanzar legalmente no solo contra la empresa, sino también contra las actuaciones del gobierno anterior. En este sentido, Sosa indicó que serán la Justicia y los tribunales los encargados de determinar la realidad de los hechos, pero advirtió sobre el daño público que este tipo de retórica genera de forma inevitable sobre la gestión de la anterior administración.

Para el dirigente, existe un trasfondo claro en el manejo público de esta crisis. Considerando que Luis Lacalle Pou mantiene su figura como una de las principales referencias políticas del país y se proyecta naturalmente hacia el año 2029, Sosa planteó la preocupación de que se esté buscando instalar un manto de duda prolongado con fines electorales. En su análisis, advirtió que si el conflicto se extiende durante los próximos años, el país podría llegar al período electoral con investigaciones y acusaciones permanentemente instaladas en la opinión pública. Explicó que, incluso si más adelante una Fiscalía archiva las causas o un tribunal desestima las acusaciones por falta de sustento, el daño político puede haberse producido mucho antes.

Lejos de reducir el debate a una postura a favor o en contra del astillero en cuestión, el edil de la lista 904 hizo un llamado a la responsabilidad institucional. Afirmó que, si bien la empresa defenderá sus intereses y el actual gobierno deberá explicar sus decisiones, el deber primordial es proteger a la nación. “Estamos hablando de millones de euros de los uruguayos, de capacidades que nuestra Armada todavía necesita y de decisiones de Estado cuyas consecuencias pueden extenderse durante años”, enfatizó.

Finalmente, Sosa apeló a la madurez democrática del sistema político uruguayo para cuestionar si, detrás de estas determinaciones, pudo existir una utilización política deliberada del episodio. Como cierre de su intervención, dejó un mensaje institucional claro sobre cuál debe ser la prioridad innegociable para quienes ejercen cargos de responsabilidad pública: “Cuando se administra el Estado, ninguna elección futura debería pesar más que los intereses del país”.