3 de junio | 2026
El edil departamental por el Partido Nacional y dirigente de la Lista 904, Javier Sosa, participó recientemente de una visita oficial al centro penitenciario de Las Rosas, en el marco de las actividades de la Comisión de Derechos Humanos y Seguridad Ciudadana. Tras la recorrida, el curul manifestó su profunda preocupación por la grave situación de hacinamiento que atraviesa el recinto y el impacto directo que esta realidad tiene sobre el departamento de Maldonado.
Durante su intervención, Sosa detalló que la información extraoficial que la comisión manejaba previamente fue ampliamente superada por la realidad constatada en el lugar. En ese sentido, el edil subrayó que el establecimiento enfrenta una crisis operativa que dificulta el cumplimiento de sus objetivos institucionales. “Cuando llegamos allí, obviamente encontramos una cárcel que está sobrepoblada, es muy difícil que de allí se pueda rehabilitar a alguien”, afirmó de manera contundente el dirigente nacionalista.
Los datos recabados por el representante de la Lista 904 exponen un desborde estructural significativo. Según explicó a los medios, el complejo penitenciario fue diseñado originalmente para albergar a 570 personas, pero en la actualidad cuenta con un total de 1270 reclusos. A este escenario de superpoblación extrema se le suma un déficit alarmante de personal. Actualmente, el centro opera con un entorno de 130 funcionarios policiales, una cifra que resulta insuficiente para cubrir las demandas de seguridad y asistencia.
El edil recordó que las normativas del Ministerio del Interior establecen una proporción de cuatro internos por cada custodio. De aplicarse esta regla con rigor, el recinto debería contar con más de 300 funcionarios dedicados a estas tareas. Además, Sosa advirtió sobre la cantidad de efectivos que se encuentran actualmente con certificación médica, un factor que disminuye los recursos humanos disponibles y agrava aún más la operatividad diaria. Al respecto, el representante departamental sostuvo que todo esto “hace que el sistema esté colapsado”.
La falta de infraestructura y la sobrecarga laboral impactan directamente en los procesos de reinserción social, un pilar fundamental para la seguridad pública. De acuerdo con el relevamiento presentado por el edil, apenas un 40 % de la población carcelaria de Las Rosas participa en talleres de trabajo o asiste a programas de estudio. La falta de operadores penitenciarios y la limitación severa de los espacios físicos impiden desarrollar un manejo adecuado de los internos.
Frente a este complejo panorama, Javier Sosa presentó una postura clara y orientada a defender los intereses de los ciudadanos de Maldonado. El dirigente de la Lista 904 expresó que “la cárcel regional de Las Rosas fue un error” y argumentó que el establecimiento debería volver a funcionar exclusivamente como una cárcel departamental. De lo contrario, según sus propias palabras, “Maldonado sufre las consecuencias de esto”.
Como parte de su labor institucional y su compromiso con la seguridad del departamento, Sosa destacó la necesidad urgente de involucrar a otras áreas del Estado para brindar soluciones integrales. Adelantó que la comisión está buscando la forma de convocar al Comisionado Parlamentario Penitenciario, con el objetivo de que marque presencia y tome intervención directa en la problemática.
Asimismo, el edil señaló que el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) debe tener una mayor participación y una incidencia importante en el seguimiento de las personas que recuperan su libertad. Finalmente, fue crítico con el rol del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), organismo que, según indicó, se encuentra fallando en su cometido esencial de rehabilitar a los reclusos.