Javier de León rechazó el desarme civil

29 de julio | 2026

Durante su intervención en la Junta Departamental, Javier de León cuestionó duramente la política de seguridad del Ministerio del Interior, defendiendo el derecho al porte legal.

El edil Javier de León expresó un firme rechazo al plan de desarme civil impulsado por el gobierno nacional y el Ministerio del Interior, durante su intervención en el espacio de la media hora previa de la sesión de la Junta Departamental de Maldonado, celebrada el martes 28 de julio de 2026. En su exposición, el representante departamental argumentó que las nuevas medidas restrictivas sobre el mercado formal de armas no representan una verdadera política de seguridad pública, sino que terminan perjudicando a los ciudadanos honestos que buscan proteger a sus familias y bienes ante el avance de la criminalidad.

Durante su discurso, el legislador cuestionó de manera directa la gestión del ministro Carlos Negro, señalando que la estrategia gubernamental parte de un error de diagnóstico sobre el origen del armamento ilícito. El edil sostuvo que el plan de desarme equivale a “reconocer que el Estado ha fracasado en su obligación de proteger a los ciudadanos y que, ante la incapacidad de perseguir al criminal, prefiere ensañarse y desarmar a las víctimas”. En este sentido, enfatizó que las organizaciones criminales y las bandas narcotraficantes no se abastecen en el circuito formal, sino que acceden a su poder de fuego a través del contrabando internacional y el mercado negro.

De León destacó las estrictas exigencias que ya rigen en Uruguay para los usuarios legítimos de armas de fuego. Explicó que el proceso para obtener una habilitación legal incluye exámenes médicos, evaluaciones psicológicas, cursos prácticos de tiro y una rigurosa revisión de los antecedentes penales del solicitante. Asimismo, recordó que la fiscalización sobre las municiones permite mantener una trazabilidad absoluta, ya que cada compra queda registrada con los datos personales del usuario y es controlada por el Servicio de Material y Armamento del Ejército. Por lo tanto, el representante departamental calificó como un despropósito asfixiar a un sector comercial altamente regulado mientras las fronteras terrestres y fluviales presentan vulnerabilidades en sus controles.

Para ilustrar los riesgos de las políticas de restricción civil, el edil repasó experiencias recientes en América Latina que, según indicó, arrojaron resultados catastróficos en materia de seguridad. Mencionó el estatuto de desarme de Brasil aprobado en 2003, el cual fue seguido por un aumento histórico en la tasa de homicidios, y el proceso de destrucción pública de armamento legal en Venezuela entre 2013 y 2014, que derivó en la consolidación de megabandas criminales en dicho país. De acuerdo con lo señalado en su exposición, estos ejemplos demuestran que, al restringir la tenencia civil, “las únicas armas que desaparecen son las legítimas, las que están registradas y pagan impuestos”.

Al cierre de su intervención, el edil instó al gobierno a redirigir los recursos del Estado hacia el verdadero combate del delito, mediante inversiones en tecnología, inteligencia criminal y blindaje de fronteras. Hizo un llamado a proteger al productor rural, al comerciante y a todo ciudadano que cumpla con las normativas vigentes. Con firmeza, afirmó que “al uruguayo honesto, al que cumple las normas, se lo debe respetar, respaldar y proteger”, mientras que al criminal se lo debe perseguir y condenar. A solicitud de De León, sus palabras fueron elevadas formalmente al Presidente de la República, al Ministro del Interior, a la Jefatura de Policía de Maldonado, a las comisiones parlamentarias correspondientes y a diversas asociaciones civiles vinculadas a la temática.