Viernes 8 de mayo | 2026
El edil departamental por la Lista 904, Javier de León, expresó una profunda preocupación por el manejo de las políticas sociales en Maldonado, apuntando directamente a la gestión del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y a su directora departamental, Paula Caballero. Durante una contundente intervención, el representante departamental advirtió sobre las graves consecuencias que genera la falta de liderazgo de la cartera nacional en el abordaje de las personas en situación de calle, un problema que afecta directamente la convivencia y el cuidado de los espacios públicos del departamento.
Para el legislador departamental, la postura adoptada por las autoridades nacionales en el territorio representa una evasión de responsabilidades. En ese sentido, de León afirmó que “resulta técnicamente insostenible y éticamente cuestionable que el Mides a través de su Directora Paula Caballero ensaye argumentos para deslindar su competencia social en esta problemática”. Según su análisis, el ministerio es el ente rector de las políticas de vulnerabilidad y, por lo tanto, no puede limitarse a ser un simple observador de la realidad.
El edil de la Lista 904 fue categórico al señalar que la renuncia del Mides a liderar con firmeza el trabajo de calle genera un vacío de poder que “dinamita cualquier esfuerzo coordinado” entre las distintas instituciones que operan en Maldonado. De acuerdo con lo expresado en su exposición, esta omisión de deberes legales impide que se brinden alternativas habitacionales reales. Sin un diagnóstico técnico adecuado por parte de la cartera social, las acciones de seguridad pierden eficacia estructural. Al respecto, sostuvo que la aplicación de la Ley de Faltas ejecutada por el Ministerio del Interior se termina transformando en “un simple ejercicio de desplazamiento de personas de un punto a otro del mapa, sin solución de continuidad”.
En su análisis sobre el entramado institucional, de León explicó cómo esta parálisis del Mides afecta al resto del sistema público. El Ministerio del Interior, indicó, queda atrapado en una dinámica de desalojos preventivos que no atacan la raíz del problema. Paralelamente, la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) ve limitadas sus intervenciones a respuestas clínicas puntuales. El edil advirtió que la falta de seguimiento social provoca que la atención en salud mental o adicciones “termine en la puerta de un hospital una vez que el paciente es dado de alta”. Además, mencionó que el Poder Judicial observa la situación desde una rigidez normativa que no logra brindar respuestas ejecutivas a las demandas ciudadanas.
Uno de los puntos más altos de su intervención estuvo centrado en la defensa del rol y el esfuerzo de los gobiernos locales. De León subrayó que, ante este escenario de fragmentación, la Intendencia de Maldonado y los respectivos Municipios quedan expuestos a una situación de vulnerabilidad administrativa. Los estamentos locales son la primera cara frente al reclamo de los vecinos y asumen la enorme responsabilidad de mantener el orden y la higiene comunal. Sin embargo, el representante de la Lista 904 recordó que las intendencias y municipios “carecen de las facultades legales para suplir la inacción de un Ministerio nacional que parece haber olvidado que su razón de ser es, precisamente, la asistencia en la crisis”.
Hacia el final de su alocución, el dirigente político descartó que la problemática actual en Maldonado responda a una escasez de recursos económicos o a vacíos legales. Por el contrario, atribuyó la crisis a una forma de gestión. Sostuvo que, desde la dirección local del ministerio, se prefiere “la comodidad de la división de competencias antes que la responsabilidad de la intervención efectiva”.
Mientras el Ministerio de Desarrollo Social mantenga esta postura de no asumir el costo político y operativo que le exige su mandato, de León advirtió que el departamento seguirá inmerso en una calesita institucional ineficiente. El costo de esta situación, remarcó, lo terminan pagando el espacio público, los vecinos de Maldonado y, de manera fundamental, las propias personas en situación de calle.
Para cerrar su intervención, el edil de la Lista 904 exigió un cambio de rumbo inmediato. Expresó que, al fragmentar la respuesta, el Estado nacional deja a los gobiernos locales y a las fuerzas de seguridad con la tarea imposible de gestionar una crisis humana utilizando herramientas cosméticas. Finalmente, sentenció que “la solución requiere que el Mides deje de teorizar sobre sus facultades y empiece a ejercer la autoridad social que la ley le confiere, dejando de lado una burocracia que hoy actúa como un escudo contra la realidad”.