21 de septiembre | 2026
El edil Javier de León, representante de la Lista 904, expresó su profunda preocupación por la situación que atraviesa el Puerto de Montevideo, denunciando que la terminal lleva quince de los últimos dieciséis meses en un estado de semiparalización. Durante una contundente exposición, el dirigente departamental criticó duramente la inacción del Poder Ejecutivo y responsabilizó a las autoridades del Ministerio de Trabajo por no intervenir con firmeza frente a las constantes medidas sindicales que afectan el comercio exterior uruguayo.
Para de León, esta extensa racha de inactividad no responde a factores fortuitos, sino que representa "la prueba irrefutable de un gobierno paralizado, tibio y sometido a la voluntad corporativa sindical". Según expresó durante su intervención, la actual coyuntura ha provocado que la logística nacional colapse, obligando a los buques internacionales a evitar las terminales uruguayas para desviar sus rutas logísticas hacia puertos vecinos como Buenos Aires o Río Grande. En este sentido, lamentó que la arteria principal por la que transita la riqueza del país no funcione bajo normativas claras, sino "bajo el capricho de asambleas interminables".
El foco de los cuestionamientos del representante de la Lista 904 se centró en el rol del Ministerio de Trabajo y, puntualmente, en la actuación de Juan Castillo. De León consideró que el papel del jerarca resulta insostenible, argumentando que no ejerce el rol de árbitro imparcial que su cargo requiere. "Resulta inaceptable que quien debe actuar como árbitro imparcial y garante del interés general actúe, en los hechos, con la pasividad de quien nunca se sacó la camiseta del PIT-CNT ni del SUPRA", afirmó categóricamente el edil. Asimismo, sostuvo que la postura que pregona la cartera no refleja equidad, sino "cobardía institucional", y subrayó que cuando el Estado se niega a garantizar un servicio esencial, no está negociando, sino abdicando de sus responsabilidades constitucionales.
A lo largo de su declaración, el dirigente desglosó las graves consecuencias económicas y sociales que esta parálisis genera en el tejido productivo del país. Explicó que los costos de esta crisis los asume directamente el sector productivo, con exportadores e industriales que pierden contratos, enfrentan importantes multas por demoras operativas y ven arruinados meses de trabajo al quedar sus cargas varadas en los muelles de la capital.
Además, el edil advirtió sobre el impacto perjudicial en la clase trabajadora y en la ciudadanía en general. Según señaló, miles de empleados vinculados a la cadena logística e industrial corren el riesgo de terminar en el seguro de paro debido a la falta de insumos importados necesarios para el funcionamiento de las fábricas. Por otra parte, enfatizó que cada jornada de paro se traduce en sobrecostos operativos que inevitablemente terminan "inflando los precios de la canasta básica en los supermercados", castigando directamente el bolsillo de los uruguayos.
Finalmente, de León catalogó como contradictorio el discurso oficial sobre el posicionamiento de Uruguay en el mapa comercial. "Resulta hipócrita escuchar al gobierno hablar de Uruguay como hub logístico regional mientras entrega la llave del puerto a un grupo que tomó el comercio exterior de rehén", sentenció. Aseguró que la competitividad requiere garantizar que los barcos operen sin tener que pedir permiso cada 48 horas y alertó sobre la pérdida de la reputación de país previsible que llevó décadas construir.
A modo de cierre, el referente de la Lista 904 instó al gobierno a dejar de ser un espectador de la crisis y a ejercer la autoridad necesaria para restablecer el orden en la terminal portuaria, advirtiendo que, de no hacerlo, deberían admitir públicamente que la gestión de estas áreas clave les ha quedado demasiado grande.