1 de octubre | 2026
La Comisión de Trabajo de la Junta Departamental de Maldonado, ámbito legislativo que integra el edil por la Lista 904, Andrés Rodríguez, resolvió en las últimas horas impulsar una serie de medidas institucionales orientadas a garantizar la transparencia en los mecanismos de designación de los rematadores judiciales en el departamento. La decisión colectiva del cuerpo de ediles surgió como respuesta inmediata tras recibir denuncias formales sobre una notoria falta de equidad en la selección de estos profesionales.
El tema central fue abordado durante la sesión de la comisión celebrada este jueves 1 de octubre de 2026. En dicho espacio de trabajo institucional, los legisladores departamentales recibieron en audiencia a la señora Patricia Dietrich, reconocida rematadora judicial del medio local. La profesional acudió al recinto parlamentario no solo a título personal, sino en representación de un núcleo de colegas afectados, con el propósito de plantear una situación de profunda disconformidad vinculada al accionar operativo del Estudio Posadas. Esta firma es la que actualmente se encuentra designada, bajo la modalidad de licitación, para llevar adelante los remates judiciales que se susciten en la jurisdicción departamental.
De acuerdo con los datos presentados ante los ediles que conforman la comisión, la invitada expuso que la metodología de trabajo de la firma adjudicataria no se ajustaría a lo que establece la normativa vigente en la materia. El eje del reclamo radica en el proceso de selección de los rematadores que finalmente actúan en los distintos procesos. Los profesionales del sector manifestaron su preocupación al advertir que estas designaciones se estarían ejecutando sin aplicar ningún tipo de criterio equitativo. En concreto, los trabajadores denunciaron la ausencia de herramientas que brinden igualdad de oportunidades y garanticen una rotación justa, como lo son el respeto a una lista de prelación estricta o la implementación de un sistema de bolillero para los sorteos.
Ante la gravedad de los planteos expuestos, la Comisión de Trabajo actuó de manera contundente y unificada. El edil Andrés Rodríguez, junto a los demás integrantes del cuerpo, escucharon atentamente los argumentos, analizaron la situación y decidieron de forma conjunta otorgarle total viabilidad al reclamo. Esta acción institucional, impulsada por el equipo de legisladores, reafirma la impronta de la Lista 904 de mantener una cercanía real con los problemas de los vecinos y los trabajadores, canalizando las demandas a través de las herramientas que brinda el sistema democrático.
Para encauzar la inquietud dentro del marco de la legalidad y la norma, la comisión determinó que el paso indispensable es oficiar a las autoridades competentes. En este sentido, el cuerpo acordó la redacción y el envío de pedidos de informes formales. Durante el análisis del tema en la comisión, se estableció como prioridad institucional que "es de orden solicitar al Poder Judicial el pedido de informe en primera instancia para evacuar las dudas pertinentes". El objetivo central de este documento es solicitar que se explique detalladamente cuál es el mecanismo exacto de designación de dichos profesionales y qué tipo de controles se ejercen sobre los procedimientos de la firma licitada.
La transparencia en este tipo de actuaciones resulta fundamental, dado que los remates judiciales requieren la máxima cristalinidad y el estricto cumplimiento de las normas. Todos los fundamentos de la denuncia y el debate generado entre los ediles constan de forma oficial en la versión taquigráfica del organismo.
Este registro documental será la base para una segunda etapa de acción legislativa ya acordada por la comisión en su conjunto: la elaboración de un pedido de informes complementario dirigido a la Intendencia Departamental de Maldonado. Con este abordaje integral, el cuerpo de ediles y la activa participación de la representación de la Lista 904 buscan aclarar por completo el escenario planteado, brindando respuestas sólidas a los trabajadores y velando por la equidad en el ámbito laboral del departamento.